El miércoles 21 de noviembre del presente año, fue publicada en el BOE la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Mediante esta Ley se establecen nuevas tasas que se deberán abonar cada vez que el ciudadano efectúe una reclamación por vía judicial.
La nueva ley de tasas judiciales, contempla incrementos de entre 50 y 750 euros. La ciudadanía deberá pagar por primera vez la tasa en el orden Social (denuncia de despido…) y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-administrativa. Muchos pacientes dejarán de demandar accidentes o negligencias médicas, ante la falta de recursos económicos... Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.
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